"Para contar las experiencias de autogestión que terminaron en fracaso sobran los dedos de una mano", aseguró a Télam Eduardo Montes, integrante de Gráfica Patricios y vicepresidente de la Unión Productiva de Empresas Autogestionadas (Upea).
Montes destacó la escasez de casos fallidos teniendo en cuenta que existen unas 340 empresas recuperadas, la gran mayoría industriales, 65% de ellas ubicadas en el área metropolitana, y que en conjunto emplean a unos 24.000 trabajadores, según datos del Ministerio de Trabajo.
En tanto, Luis Caro, del Movimiento de Fábricas Recuperadas por los Trabajadores, calculó que los fracasos rondan el 2%.
"Con mayor o menor dificultad, casi todas salen adelante. Inclusive algunas que venían de antes pudieron atravesar la crisis de 2001 y la situación de 2008 con la crisis internacional", destacó Caro en diálogo con Télam.
También es llamativo que estas firmas recuperen su vitalidad después de que sus dueños las desahuciaran y cuando los obreros deben hacerse cargo sin previo aviso y debilitados por el éxodo de los administrativos, que en general no acompañan estos procesos.
"En manos de sus trabajadores, la fábrica ya no tiene que generar los sueldos de gerentes ni la plusvalía para el empresario, que en la Argentina acostumbran llevarse mucho", afirmó Caro.
Para el dirigente, "la gran diferencia es el costo empresarial; por eso los trabajadores, con 20 a 30% de producción ya pueden mantenerlas en funcionamiento".
También suma que cuando los trabajadores forman una cooperativa y se hacen cargo, no arrastran las deudas de los patrones quebrados.
Tanto los dirigentes consultados como estudios de la Universidad de Buenos Aires y el Ministerio de Trabajo coinciden en que también explican el buen desempeño el contexto de una economía que emergió de lo profundo de la crisis y el apoyo estatal.
Montes sostuvo que "en la época kirchnerista los apoyos son múltiples: (del Ministerio) de Trabajo, Desarrollo Social, Educación, el Inti, el Inta, Ciencia y Tecnología; pero falta una mesa que coordine todo en una política pública para el sector".
El dirigente criticó, sin embargo, que estas experiencias tropiecen una y otra vez con "la patria judicial y la legislación restrictiva, porque la nueva situación rompe con aquello que tradicionalmente se entiende por propiedad privada, que para nosotros debe estar en función social".
"A las empresas recuperadas lo que le da legitimidad es la razón y la justicia de su reclamo, y el Poder Judicial nos dio muchas veces la espalda", se quejó.
Montes señaló también que, en estos procesos, el sindicalismo en general "está ausente, salvo excepciones como la Federación Gráfica Bonaerense, algunas seccionales de la Unión Obrera Metalúrgica o la vieja Central de Trabajadores Argentinos (CTA)"; y es escaso el apoyo "del movimiento cooperativo tradicional".
"Del resto de la sociedad lo que llega es solidaridad. Nos sostienen las organizaciones del pueblo. Por eso, una fábrica recuperada es no solo de los trabajadores sino también del pueblo", sostuvo.
En cuanto a las debilidades que colocan a unas pocas de estas experiencias em un callejón sin salida, Montes da mucha importancia a la organización previa de los trabajadores.
"Donde había comisión interna, más conciencia de clase, más práctica sindical, la salida fue más organizada y rápida, e inclusive los intentos de algunos patrones para dividir a los trabajadores fallaron", afirmó.
Por su parte, Caro dijo que el riesgo de fracaso es alto "cuando no está bien consolidada la cooperativa, cuando falta compromiso de los trabajadores con el devenir de la fábrica".
Pero sobrevivir no es sinónimo de éxito. Queda por delante asegurar el futuro, y eso requiere que esas experiencias sean capaces de cumplir con las expectativas de sus trabajadores, en cuanto a derechos e ingresos, y de actualizarse conceptual y tecnológicamente en favor de su competitividad.
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