En ese rincón de la Ciudad, a la vera del Riachuelo, existen 21 casas en peligro de derrumbe inminente. No se atiende la caída de los inmuebles como sucediera en pleno microcentro porteño, denuncian desde la Cámara de la Asesoría tutelar de Menores e Incapaces a este medio.
El informe del propio gobierno Pro, en las fotos adjuntas, lo demuestra. Un tajo que cala profundo en las paredes termina quebrándolas, haciendo endeble la estructura que recubre de la noche a las familias trabajadoras en la manzana 1 de las viviendas que van de la 1 a la 21 del asentamiento Magaldi de la villa 21-24, en el barrio de Barracas. El piso se quiebra en dos.
La impotencia del destino se hace carne. El derrumbe es inminente. La voz que acompaña a los sin voz es la que sostiene el asesor tutelar Gustavo Daniel Moreno.
“Se trata de un conjunto de viviendas, de 21, que al momento de la inspección se encuentran en su totalidad con grietas y fisuras producidas por asentamientos, debido a las proximidad con el Riachuelo”, queda asentado en un documento
gubernamental al que accedió este medio.
El arquitecto Carlos Segura, profesional de Turno Guardia de Auxilio, y Walter D. Gómez Diz, director operativo técnico en la Guardia de Auxilio y Emergencia, con el aval del director de la Guardia de Auxilio y Emergencia, Alejandro Juan Esteban Roldán, lo afirmaron en el documento al que accedió Noticias Urbanas.
Para los funcionarios es necesario un urgente traslado. Textualmente, se considera “que todos los moradores de las viviendas de la 1 a la 21 deberán ser reubicados por peligros de derrumbe”. Este plazo determinado por los propios funcionarios Pro especializados en derrumbes termina siendo violado por otros funcionarios macristas.
Este martes al mediodía, horas antes del cierre de este artículo, se realizó una audiencia para analizar la relocalización de los vecinos afectados por el camino
de sirga (la zona pegada al Riachuelo que se debe liberar).
Por su lado, la Asesoría titular de Cámara, con Gustavo Moreno a la cabeza, remitió el informe por peligro de derrumbe a todos los involucrados en el traslado de la
población que vive en la absoluta precariedad a la vera del Riachuelo.
Los organismos que están notificados de potencial derrumbe de 21 viviendas van desde el Instituto de Vivienda porteño; el juez federal de Quilmes encargado de la limpieza del Riachuelo, Luis Armella; el defensor del Pueblo nacional, Anselmo Sella; el titular del Instituto de la Vivienda, Emir Norte; la defensora pública oficial, María Beatriz Martí, y la autoridad de Acumar Juan José Mussi.
En el expediente 1.964.228/2011, que refiere al asentamiento en la calle Agustín Magaldi 2200, la ministra de Desarrollo Social e inminente vicejefa del Poder Ejecutivo, María Eugenia Vidal, promovió como alternativa para evitar el derrumbe un aporte económico de 1.200 pesos por única vez para las familias que abandonen las casas autoconstruidas a la vera del Riachuelo.
Asimismo, Vidal propuso, por lo que pudo indagar este medio en fuentes oficiales, que las pertenencias de las familias queden en manos del IVC hasta que finalicen las obras por las viviendas construidas por este organismo para todos aquellos que deban trasladarse por el derrumbe en el territorio del camino de sirga. El funcionario del IVC de apellido Norte es quien se comprometió con el traslado de 21 familias para el 16 de diciembre, esto para tan solo nueve domicilios, y, al otro día de Navidad, otras 18 familias.
“Pero estas casas hoy no cuentan con luz eléctrica. Tienen energía solo de la obra, el resto del día no, y esto afecta el acceso al agua, ya que funcionan con una máquina de bombeo. Por otro lado, tampoco cuentan con gas natural, las familias en este nuevo complejo construido por el gobierno pueden utilizar la cocina por las garrafas que pagaban de su propio bolsillo”, afirmó a NU una fuente judicial involucrada en la causa por el traslado de las familias de la Capital Federal en el plan de depurar el Riachuelo.
Desde el IVC se sostiene que ofrecerán a las 21 familias con peligro de derrumbe “una solución transitoria mediante el Ministerio de Desarrollo Social que aportará el alojamiento”, figura en el acta de este martes 6 de diciembre, firmada por autoridades del Gobierno Pro y la Justicia. Las viviendas que propone el Gobierno macrista para la familias con peligro de derrumbe es el mismo complejo habitacional donde fueron derivadas las familias del “Pueblito”.
“Las demoras ante el peligro de derrumbe no hubieran ocurrido si los afectados vivieran en el microcentro. No es igual la asistencia para los pobres. Está muy bien que las familias de clase media con derrumbe de su vivienda tengan la posibilidad de asistencia, pero que esto cuente también para los sectores populares. Porque ellos viven en estos terrenos olvidados ya que el Gobierno en ningún momento se los impidió, y desde hace años que recuperaron terrenos para sobrevivir”, expresó a este medio el asesor tutelar de Cámara, Gustavo Daniel Moreno.
GENTILEZA: NOTICIAS URBANAS
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