A cuatro días de su detención mientras hacia el programa de radio en la FM PajSachama, Ricardo Cuellar, compañero de la Central de Las Lomitas y representante del Pueblo Originario Lule-Vilela, continua preso en Monte Quemado, acusado falsamente por defender los territorios campesinos indígenas.
En la noche del pasado martes 2 de agosto, mientras hacía su programa en la FM Pajsachama, una de las radios del MOCASE.VC, cerca de la localidad de San José de Boqueron, se presentó un nutrido grupo de policias que, sin mediar orden de detención alguna, detuvieron a Ricardo y lo trasladaron a Monte Quemado.
Ricardo, junto a otros compañeros y compañeras de esa central, es acusado de Amenazas agravada y daños a la propiedad privada, en una causa vinculada por el intento de apropiación del campo de Saucioj por parte de empresarios tucumanos.
Una familia Caldera en el intento de vender un campo de cerca de 4.000 has a la empresa Servicio y Negocios, lleva a cabo el alambrado de un cuadro llamado Sacuioj, pegado a la localidad de Villa Matoque a pocos kilómetros del Rio Salado. El detalle es que los alambradores comenzaron el trabajo en febrero de este año y fueron custodiados por un grupo armado a las ordenes de el Paraguayo, que también actua en otra apropiación ilegal de tierras a 10 km mas al norte en Rumy Pozo y Cruz Bajada. Es decir, la Empresa intenta adueñarse de 4 mil has mas, alambrando a la fuerza y recibiendo el apoyo del Comisionado de Villa Matoque Chillin Santillán, cuando debería defender a la población que vive a escasos metros de la delegación del estado provincial.
El campo es el pastoreo de la comunidad, existen 4 parajes afectados muchas familias Campesinas, Villa Matoque, Ranchillos, Toro Pozo, Guayacán Pozo. También es donde existen cercos de cultivo y un canal que atraviesa el campo surtiendo agua desde el canal de Dios.
Los parajes, algunos de ellos, integran la comunidad Indígena Lule-Vilela Corral Quemado, decidieron defender su derecho a la alimentación ya que si el territorio de producción se reduce la cría de animales también, por ende la fuente de alimento de las familias y los pueblos de la zona.
Si bien las denuncias fueron realizadas en la comisaria 22 de Monte Quemado, no hubo accionar por parte del juzgado hacia los apropiadores de tierras, pero si hacia las familias campesino indígenas que las poseen.
El accionar del juez penal de Monte Quemado es totalmente discriminatorio, ya que con la simple denuncia de la empresa, sin ningún tipo de prueba ordena detener a varios campesinos indígenas. El motivo, porque supuestamente amenazaron con una soga y un cuchillo a los alambradores.
El empresario claro, no debe dar explicación y el grupo armado con itacas escopetas a repetición y camionetas sin patente, tampoco, pero siguen actuando en la zona.
En un nuevo intento por detener la usurpación del territorio campesino indígena, el pasado 10 de julio las familias lograron quitar el almabrado. A partir de este momento el juez efectiviza los pedidos de detención que ya existen desde hace 5 meses.
A pesar de haber presentado eximiciones de prisión con anterioridad y pruebas fehacientes que en el día de los hechos Ricardo se encontraba en Tucumán como representante del pueblo Lule Vilela, sigue primando la presunción de culpabilidad contra los campesinos indígenas que defienden su territorio y, a pesar de no tener una sola prueba, continua detenido en el juzgado de Monte Quemado.
En estos últimos meses, donde se ha intesificado la campaña contra las comunidades organizadas, ninguna de las denuncias que hemos presentado contra empresarios, guardias privados, paramilitares, policias ha prosperado. Nunca un matón detenido, nunca un empresario interrogado, nunca un policia apartado de sus funciones, nunca un funcionario investigado. Y siempre nosotros y nosotras presos, golpeados, amenazados.
Pero también siempre nosotros y nosotras firmes en nuestros territorios. Podrán alambrar, podrán destruirnos los ranchos, matar nuestros animales, intentar desalojarnos, podrán golpearnos, pero siempre volveremos a nuestros territorios, a nuestra identidad, por nuestros derechos y el derecho de todos y todas a un bosque, a unas semillas, a una cultura, a unos alimentos sanos de los que somos guardianes.
Una vez más, a pesar de las mesas y los comités, el gobierno provincial se lava las manos frente a una problemática de la cual es siempre complice por acción o por omisión. Y denunciamos la total impunidad del aparato judicial de la provincia para ponerse al servicio de los empresarios, ejecutar ordenes de detención sin prueba alguna, ordenar desalojos.
4 de agosto de 2011, a 21 años de nuestra conformación como MOCASE, exigimos la liberación de Ricardo, el fin a la persecución a los militantes sociales y la ejecución de los 7 puntos acordados con la provincia y el sector campesino para revertir la actual situación.
0384415459275
03843 421 195
0384415408668
03841 420 930- Juez Alejandro Fringes Sarria juzgado de monte
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