Antes fue el divorcio, ahora es el matrimonio para personas del mismo sexo. Condenación y marginalidad parecen ser los recursos históricos utilizados por la Iglesia Católica para ejercer la dominación social y con los que ha conseguido mantenerse como eje del poder represivo.
Hace 24 años, el oscurantismo católico volvía a ponerse en pie de guerra para evitar la conquista de derechos para el Pueblo argentino.
En el marco de una incipiente y débil democracia, comenzaba a debatirse públicamente el divorcio. Hasta entonces, en sociedad con las dictaduras militares, la presión de la Iglesia Católica había logrado que la Argentina fuese uno de los pocos países del mundo en el que las parejas no contaban con esa posibilidad, junto con Andorra, Irlanda, Malta, Paraguay y San Marino, manteniendo en la marginalidad a más de 1.500.000 de parejas que ya se encontraban separadas de hecho, condenándolas a no poder contraer matrimonio nuevamente. Tampoco podían tener hijos con sus nuevas parejas, ya que a pesar de estar separados debían fidelidad a las anteriores.
Condenación y marginalidad parecen ser los recursos históricos con los que la Iglesia Católica ejerce la dominación social y con los que ha conseguido mantenerse como eje del poder represivo.
Fue la Corte Suprema la que entonces abrió el camino para el debate y posterior legitimación del divorcio. El ex juez Juan Bautista Sejean inició una demanda consiguiendo, en 1986, que ese Tribunal declarara inconstitucional la Ley de Matrimonio, disponiendo que el impedimento del divorcio atentaba contra libertades individuales básicas del individuo, fundantes de una democracia constitucional.
Se iniciaba así el camino hacia su legalización definitiva, ante lo cual la Iglesia Católica se puso en pié de guerra. Sus jerarcas lanzaron una serie de declaraciones mediáticas condenatorias y decimonónicas, organizando una marcha a Plaza de Mayo para el 5 de julio de 1986, durante el gobierno de Raúl Alfonsín.
Sin embargo, en agosto de ese año la Cámara de Diputados comenzó a debatir el proyecto de Ley de Divorcio Vincular y en pocos días salió aprobado. En el Senado la historia fue muy distinta. El debate tardó diez meses, con la oposición de algunos senadores –entre ellos Adolfo Rodríguez Saá-, pero luego de algunas modificaciones volvió a la Cámara Baja. El 3 de junio de 1987, con la sanción de la Ley 23.515, el divorcio vincular se hacía legal en la Argentina.
“El divorcio es una epidemia social en Occidente”, sentenciaba por entonces Karol Wojtyła, quien desde 1978 era conocido como Juan Pablo II, monarca soberano del Estado Vaticano. Desde el poder central bajaba línea doctrinaria a los jerarcas locales, que reaccionaron ante la ley de la democracia organizando una nueva marcha a Plaza de Mayo con la imagen de la Virgen de Luján como estandarte, “en defensa de la familia”.
El entonces obispo de Mercedes, Emilio Ogñenovich, dijo que ese 3 de junio había muerto “el matrimonio indisoluble”, rogándole a Dios que liberara al país “del flagelo del divorcio”, mientras que el Episcopado emitió un comunicado clamando que, ya que “el mal no se había podido evitar”, se difundiera lo menos posible.
La amenaza gay
Han pasado 24 años, y los sectores conservadores comandados por la Iglesia Católica reaccionan hacia el proyecto de Ley de Matrimonio para personas del mismo sexo tal como lo hicieron entonces con la Ley de Divorcio. El cardenal Jorge Bergoglio acaba de llamar a “los fieles” a una “Guerra de Dios” en contra de ese proyecto, y están convocando para una marcha al Congreso de la Nación para el 13 de julio, a la que se han sumado otras iglesias, donde anticipan que leerán el “Manifiesto de la Familia”, advirtiendo que será algo “muy fuerte para los políticos”.
A pesar de la oposición de esta reaccionaria institución, la comunidad homosexual ha logrado grandes avances en el reconocimiento de sus derechos. En 1991, Monseñor Antonio Quarracino afirmaba que “repartir preservativos invita a los jóvenes a la homosexualidad”, calificándola como un “desvío de la naturaleza humana, una animalidad (...) una desviación grosera y estúpida”. Para ello sugería un apartheid homosexual, creando “una zona grande para que todos los gays y lesbianas vivan allí; que tengan sus leyes, su periodismo, su televisión y hasta su Constitución. Una especie de país aparte, con mucha libertad. Ya sé que me van a acusar de propiciar la segregación. Sería en todo caso, una discriminación a favor de la libertad”. Ese mismo año, el mediático sacerdote José María Lombardero, que tenía un programa dirigido a los niños, declaró en un programa radial que los homosexuales merecerían la pena de muerte.
A la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) le tomó 3 años que el Gobierno de Carlos Saúl Menem le otorgara la personería jurídica. Ante la negativa de la Inspección General de Justicia por considerar a la homosexualidad como “una desviación del instinto sexual normal”, la CHA promovió un recurso extraordinario que fue rechazado por la Corte Suprema menemista por siete votos contra dos, para beneplácito del obispo de San Luis, Juan Rodolfo Laise, quien le mandó una nota al riojano subrayando que "no puedo estar nunca de acuerdo con la aprobación legal de actividades de un grupo de personas anormales".
Pero Menem no quería que este tema impidiese sus propias relaciones carnales en el Primer Mundo y el 20 de marzo de 1992, después de varios cuestionamientos recibidos en foros internacionales, firmó el decreto otorgándole la personería jurídica a la Comunidad Homosexual Argentina.
La amenaza católica
Recorriendo algunos sitios religiosos en Internet, los integrantes de la comunidad cristiana se muestran enojados y movilizados. Hablan de “permanecer en estado de guerra espiritual” y buscan presionar para que se realice un plebiscito, ya que según ellos “esta ley que se quiere sancionar no representa el sentir del pueblo argentino”. El impulsor de esa idea en el Senado es, casualmente, el ex presidente Carlos Menem, quien presentó un proyecto para que se realice una consulta popular “no vinculante”.
Igual que hace 24 años, la mejor herramienta de la Iglesia Católica consiste en infundir el temor advirtiendo que “la familia” se encuentra amenazada. Baldomero Carlos Martini, obispo de San Justo, envió una nota a la Cámara de Diputados, señalando la inconveniencia de aprobar el proyecto, comparando a los homosexuales con perros y gatos, y que “las convivencias homosexuales son de una notable fragilidad; en general duran muy poco como muestran todas las estadísticas de todos los países del mundo.”
Según Martini, las uniones del mismo sexo “significan por definición: menos matrimonios, menos hijos, menos familias”, y “lamentablemente debemos constatar que estamos en presencia de una decadencia moral”. También advierte a los legisladores invocando “al Justo Juez que los juzgará como a todos, y allí no habrá inmunidad parlamentaria que valga en el Juicio Universal.”
Pero la presión de los jerarcas católicos no tuvo mucho efecto en la Cámara de Diputados, donde el proyecto fue aprobado por 126 votos a favor y 109 en contra, con 5 abstenciones.
Distinta fue la situación en la Cámara de Senadores. Norma Morandini, senadora de Córdoba por el Frente Cívico y Social, denunció que “uno puede llamar presiones a las cartas, o a que un sacerdote te diga ‘te vas al infierno’. En las audiencias hubo más de uno que me lo dijo. No es agradable estar ahí”.
La capacidad de presión de la Iglesia Católica se hizo sentir entre los representantes de varias provincias donde la diferencia entre Estado e Iglesia no está claramente definida, aún en pleno siglo XXI.
Encabezados por Liliana Negre de Alonso (confesa Opus Dei, ex Fiscal de Estado de San Luis y una de las principales herramientas de los Rodriguez Saá para disciplinar jueces en la provincia), un grupo de senadores de la comisión de Legislación General intenta imponer un engendro jurídico llamado “unión civil”, una segunda institución con derechos parciales exclusiva para los homosexuales que, de ser aprobada en el Senado, podría llegar a provocar una catarata de juicios al Estado por discriminación.
Alineada con la jerarquía católica, la senadora Negre de Alonso también agita la bandera del miedo, y ha llegado al extremo de advertir que, si prospera el proyecto de Diputados, se crearía un mercado negro de semen y óvulos.
Matrimonio gay: un derecho de todos
La democracia ha iniciado un camino de avances hacia una sociedad con justicia social. En ese camino están los juicios a los responsables por los crímenes de la última dictadura cívico-militar, la recuperación del rol del Estado, la politización de la sociedad, la revitalización de las instituciones y el desarrollo de un modelo económico con distribución de la riqueza e inclusión social. El reconocimiento de los legítimos derechos de algunas minorías postergadas, como los pueblos originarios o la comunidad homosexual, es parte del mismo.
Una vez más, la máxima institución católica y parte de sus seguidores van a contramano de la voluntad popular, intentando trazar límites basados en conceptos oscurantistas, regresivos y discriminatorios, y pretendiendo aparecer como el paradigma de la sociedad argentina.
La diferencia fundamental es que ya no cuentan con el componente militar con el que han podido imponer sus valores a lo largo de toda su historia.
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